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El impuesto sobre el patrimonio y la vivienda habitual

De todos es sabido el elevado esfuerzo financiero que deben afrontar las familias a la hora de adquirir su vivienda habitual, esfuerzo financiero que conlleva la constitución de importantes hipotecas a pagar durante un largo período de tiempo. Sirva como dato, que según el Instituto Nacional de Estadística un ciudadano medio destina más de siete años de su salario para la adquisición de una vivienda. Por ello, y como forma de mejorar el régimen fiscal del ahorro acumulado por las personas físicas, el art. 25.1 de la Ley 6/2000 de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, añadió un número nueve al art. 4 de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio, para establecer la exención de la vivienda habitual del contribuyente con el límite cuantitativo de 150.253,03 euros.

Por tanto, cualquiera que sea el valor de la vivienda habitual a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, la exención alcanzará a los primeros 150.253.03 euros de tal valor, pero no al exceso sobre el límite señalado. Ahora bien, como el Impuesto sobre el Patrimonio tiene un marcado carácter individual, dicho límite cuantitativo opera para cada persona física sujeto pasivo del impuesto de forma autónoma.

En este sentido se expresa la Dirección General de Tributos (25-05-2001), estableciendo que el importe de 150.253,03 euros se aplica por cada sujeto pasivo propietario de la vivienda que en ella reside, como sería el caso de un matrimonio en régimen de gananciales. Si el valor de la vivienda ganancial fuese superior a 300.506,05 euros, cada cónyuge tendría que declarar por el impuesto, en su caso, la mitad del exceso sobre dicho importe.

A este respecto, tendrá la consideración de vivienda habitual la que se delimita como tal en los arts. 55.1.3º de la Ley 40/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el art. 51 de su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero. Ambos preceptos exigen la concurrencia de ciertos requisitos, al conceptuar la vivienda habitual, que hacen referencia a dos aspectos temporales acerca de su utilización:

- Plazo máximo para la ocupación de la vivienda.
- Período mínimo de ocupación de la vivienda.

En cuanto al primero, la vivienda ha de ser ocupada y habitada de manera efectiva por el contribuyente, con carácter general, en el plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de su adquisición o de la terminación de las obras de construcción o rehabilitación, según el caso. Excepcionalmente, cuando el contribuyente disfrute de vivienda por razón de cargo o empleo, en el plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de cese en dicho cargo o empleo, siempre que, entre tanto, a la vivienda no se le dé otro destino o utilización (arrendamiento), es decir, ha de permanecer desocupada.

Por lo que se refiere al período mínimo de ocupación de la vivienda, ha de ser habitada, de manera efectiva y permanente, por el contribuyente durante un período continuado de, al menos, tres años y no viéndose alterada dicha utilización por ausencias temporales, siempre que éstas no impliquen un cambio de domicilio.

De no concurrir cualesquiera de los requisitos mencionados, la vivienda no habrá adquirido el carácter de vivienda habitual, se perderá el derecho a la exención y se deberá regularizar la situación por los años en los que se disfrutó del beneficio fiscal de la exención que ahora deviene indebido.

Por el contrario, la vivienda adquirida o rehabilitada sí adquiere la condición de vivienda habitual cuando el incumplimiento de los requisitos temporales de utilización, que hacen referencia al plazo máximo para su ocupación y al período mínimo de residencia continuada en la misma, tenga por causa alguna de las siguientes circunstancias: fallecimiento del contribuyente y aquéllas circunstancias que exijan el cambio de domicilio (celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, cambio de empleo y otras análogas justificadas).

Por su parte, la letra d) del art. 55.1.4º de la Ley 40/1998 establece, que “se entenderá como causa que necesariamente exige el cambio de vivienda cuando la anterior resulte inadecuada en razón a la minusvalía”.

En cuanto al carácter abierto de las circunstancias que exijan el cambio de domicilio, la Dirección General de Tributos entiende que la circunstancia que debe concurrir debe exigir necesariamente dicho cambio, es decir, ha de concurrir en ellas el requisito de ser ajenas a la mera voluntad o conveniencia del contribuyente.

De acuerdo con ello, entenderíamos como circunstancias análogas a las contempladas en la norma, razones de enfermedad, nacimiento de hijos, dificultades económicas, etc. Por el contrario, considera la Dirección General de Tributos que no deberían incluirse entre tales circunstancias análogas, los supuestos de ruptura sentimental de una pareja de hecho o de relaciones de amistad.

Por tanto, el incumplimiento de los requisitos temporales de utilización de la vivienda, que hacen referencia al plazo máximo para su ocupación y al período mínimo de residencia continuada en la misma, que tengan por causa las circunstancias justificadas anteriormente señaladas, no impide que la vivienda adquirida o rehabilitada tenga la consideración de vivienda habitual, pudiendo disfrutar de la exención y consolidar el derecho a dicho beneficio fiscal ya disfrutado en ejercicios anteriores.

>>> Art. publicado en Realty News! n° 5 - dic. 2003

Agregado: January 23rd 2004
Moderador: Tomás Rubio
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