'Me quedé sin piso, sin el camión y sin trabajo por un doble asesinato que no cometí'

- Fue acusado de ser coautor de maniatar y ejecutar a una pareja joven en Cálig
- Lamenta que 'sin recurso y sin trabajo, la Justicia no es igual para todos'
- Pensó en quitarse la vida durante los ocho meses en prisión sin fianza

El 22 de mayo de 2009, Antonio Muñoz Tuñón entró en la cárcel de Castellón acusado de ser el coautor de un doble delito de asesinato y allanamiento de morada, un crimen -la ejecución de una joven pareja en una vivienda del municipio de Càlig en 2005- que siempre negó haber cometido.

Cuando ingresó en prisión no sólo perdió su libertad, también perdió su vivienda, su trabajo, su camión y su dinero, por una "estancia provisional" de ocho meses.

La Audiencia Provincial de Castellón acaba de acordar el sobreseimiento provisional del proceso contra Antonio Muñoz al considerar que la acusación contra él no se sustenta ya que no hay indicios de "entidad suficiente" para mantenerle imputado.

Una noticia que era de esperar, dice, pero que llega muy tarde -tres años y medio después de la detención-, cuando el daño personal, económico y moral ya está hecho.

Se considera una víctima anónima de la Justicia y sobre todo de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, quienes llevaron la investigación del doble crimen de Càlig. No descarta incluso reclamar a la Justicia daños y perjuicios o, en su caso, emprender acciones judiciales contra los investigadores. Pero lo ve difícil, porque sin recursos y sin trabajo, "la justicia no es igual para todos", lamenta.

Conocía al condenado como autor material del crimen

Su pesadilla se remonta, sin que él mismo lo supiera, a junio de 2005, fecha en la que se hallan en una vivienda de Càlig (Castellón) los cadáveres maniatados y ejecutados de una chica cubana de 23 años -propietaria de la casa-, y un amigo suyo, un joven de la zona de 25 años.

"Escuché la noticia como todo el mundo en Castellón, porque fue muy sonado, pero nada más. Por no saber, ni siquiera sabía ubicar Càlig en el mapa", comenta Antonio Muñoz.

Emilio Pérez Ribera fue condenado en noviembre de 2008 a 46 años de prisión como autor de este doble asesinato por encargo. "Pero la Guardia Civil no creyó que lo pudiera hacer solo y comenzó mi pesadilla". De hecho, a día de hoy, Pérez Ribera es el único condenado por aquellos hechos cuando Ribera confesó que el asesinato fue un encargo.

En mayo de 2009 se produjeron varias detenciones simultáneas en diferentes puntos de España por este mismo crimen, "y a mí, que parece ser que ya me venían siguiendo, me arrestaron al salir un día de casa de mi padre en Castellón, cuando iba en busca de mi camión para trabajar", recuerda.

Ya no tuvo opción a más. "Cuando me dijeron que me acusaban de un doble asesinato no me lo podía creer". "Me interrogaron durante dos días antes de que pudiera tener abogado, hubo intimidación y algunos golpes, y todo porque conocía, y nunca lo negué, a Emilio Pérez". "Pero de ahí, a que yo participara en algo tan brutal, no tiene nombre".

Cree que los investigadores retuvieron pruebas que le exculpaban

Se prestó a una prueba de ADN para cotejarla con un pelo hallado en una de las víctimas "pero creo que los investigadores dejaron pasar meses antes de darnos los resultados que me descartaban". "La UCO se portó muy vilmente conmigo, como si me considerasen culpable desde el principio y no me dejasen demostrar mi inocencia".

Tras ocho meses en prisión, el Juzgado le impuso una fianza de 6.000 euros, para poder salir en libertad provisional, hasta que la Audiencia decidió sobreseer su causa la semana pasada.

"Lo veo todo muy negro. Tuve momentos en los que pensé en ahorcarme en la barra del patio de la cárcel, lo tenía mirado, por la impotencia que sentía", relata. Y hoy en día, liberado de esa culpa, "que no de tanta pena", dice, se encuentra que el banco se ha quedado su piso de Figueroles, estimado en 100.000 euros, y por el que pagó religiosamente hasta entrar en la cárcel.

Tuvo que devolver el camión con el que trabajaba, el banco y la Seguridad Social le reclama más de 3.000 euros cada uno y el dinero que le devuelvan de la fianza (6.000 euros) los necesita para pagar gastos de su abogado.

Con todo, espera Muñoz que, a sus 56 años, se produzca apenas el milagro de encontrar un empleo "y recuperar la dignidad que merezco yo y toda mi familia", concluye.

FUENTE

las de perfil humano.