LOS CONFLICTOS EN LA VIVIENDA DE ALQUILER.
La UCA arremete contra el arbitraje privado
Los consumidores reclaman un sistema público, imparcial y gratuito.
Fuente: El periódico de Aragón. Edición Digital Fecha: 6/06/2007
La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) advierte a los ciudadanos sobre el arbitraje privado para los conflictos de los alquileres de vivienda, ya que "no garantizan nada al propietario", y pide a las Administraciones públicas la creación de un arbitraje público e imparcial especializado en materia de vivienda que solucione los pequeños problemas entre particulares. La reciente irrupción en el mercado inmobiliario nacional de la asociación denominada Corte de Arbitraje Económico ha activado las alarmas. "Es una asociación privada de la que se desconoce si tiene ánimo de lucro o no, pero todo indica que lo tiene", explica José Ángel Oliván, presidente de la UCA.
En la actualidad, los consumidores carecen de un mecanismo público al que dirigir los asuntos derivados del alquiler de la vivienda, a la manera de cómo en Consumo, por ejemplo, se tratan las denuncias entre empresas y particulares. Incluso los problemas de las comunidades de vecinos tienen como única vía de solución la judicial. "Hemos detectado la necesidad de un arbitraje público y gratuito que garantice la imparcialidad a la hora de dictar estas sentencias", añade Oliván.
Tal y como publicó EL PERIÓDICO el lunes, la Corte Española de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad asegura que en el último año, más de 7.000 pisos en Aragón, la mayoría de Zaragoza, se han sometido a este arbitraje privado. Un sistema que, asegura, garantiza la resolución de los conflictos entre el arrendador y el arrendatario, como el impago de las mensualidades. Para ello, tan solo es suficiente firmar el contrato de adhesión que venden las inmobiliarias por 42 euros.
El Gobierno de Aragón está, de hecho, estudiando a esta asociación por "falta de transparencia y porque podría inducir a engaño al identificarse con la Junta Arbitral de Consumo, que es pública y gratuita", aseguró a este diario el director general de Consumo, Ángel Luis Monge.
"A la UCA no nos gusta nada lo que ofrecen", especifica José Ángel Oliván. "No es un servicio transparente y promete algo que no puede cumplir. Tan solo sirve para solucionar problemas menores", cuenta.
La Unión de Consumidores de Aragón también está estudiando medidas contra la Corte de Arbitraje. "Para empezar, la nomenclatura que utiliza puede dar a equívocos, ya que da apariencia de institución pública. Y en cuanto a sus fines, parece que van dirigidos al colectivo profesional de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) y de los mediadores para que inserten en los contratos de arrendamiento que redacten cláusulas de sometimiento a ese arbitraje", insiste. Por todo ello, la UCA entiende que en este sistema "falla uno de los principios esenciales de cualquier arbitraje o juicio, como es el principio de imparcialidad, ya que esta asociación parece claramente posicionada a favor de los arrendadores. En cuanto a los árbitros, también se suscriben en la adhesión y no los pueden nombrar las partes de mutuo acuerdo".
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