La Xunta anima a denunciar el fraude en la venta de pisos de protección al detectar «indicios claros» de sobreprecio por un valor de 1.200.000 euros en el caso del polígono residencial de San Paio de Navia, en Vigo, para poder actuar si se oficializan las acusaciones. Son un total de 41 afectados por el posible fraude y pagaron un sobreprecio medio de 29.000 euros.
La próxima semana, Vivenda iniciará el expediente sancionador contra la empresa, que deberá concluirse en un plazo de seis meses.
La Consellería de Vivenda espera ahora que se produzca un "punto de inflexión" y otros compradores afectados se animen a dar el paso de denunciar el cobro de sobreprecios.
El modo de actuar del promotor, del que la Xunta no quiere dar el nombre de momento, era sencillo. En el momento de firmar el contrato de reserva de vivienda, la empresa promotora obligaba a suscribir un anexo donde se incluía la realización de obras de mejora (armarios empotrados y cambio de ventanas de PVC por aluminio ionizado) y la adquisición de una segunda plaza de garaje, que en 30 casos ni siquiera existe, con lo que el coste se elevaba entre un 30% y un 40%.
Lo peor para las familias, continuó Teresa Táboas, es que las hipotecas se concedieron para el precio oficial, por lo que muchos propietarios tuvieron que solicitar préstamos personales para pagar el "anexo", cuyas condiciones son mucho peores que las hipotecas, que en este caso al ser para viviendas protegidas, cuentan con tipos de interés preferentes y otras ventajas.
Para estos casos, la Ley de Vivenda de 2003 prevé sanciones de entre 3.000 y 60.000 euros por cada vivienda afectada de fraude, además restituir las cantidades aportadas por los adquirentes y una inhabilitación de hasta seis años para realizar promociones de vivienda protegida. La Xunta ha comenzado además a revisar todas las obras de construcción de viviendas públicas para comprobar si participa en alguna de ellas la empresa acusada de fraude.
La conselleira anunció la creación de un registro de demandantes de vivienda de protección pública, que establecerá unos mecanismos que no podrán saltarse las empresas promotoras, para evitar así este tipo de situaciones.
Vía
Faro de Vigo y
La Voz de Galicia