Son ya más de 60 los millones de metros acumulados por la banca ha acumulado, pero mientras cuenten con el respaldo legal de no declarar su valor real permanecerán enquistados en sus balances a la espera de que el mercado se reactive. Un repaso a los portales inmobiliarios de los bancos y cajas que más suelos atesoran sirve para comprobar que la mayoría de esas parcelas no se ponen en marcha ni tampoco se ofrecen al mercado, o lo hacen con cuentagotas y con el menor riesgo posible.
Entre esas parcelas, muchas rústicas no urbanizables y pequeños solares urbanos de todo tipo –vacíos, con antiguas edificaciones listas para su demolición o con promociones iniciadas y pendientes de acabar–, localizados fuera de las grandes ciudades en pequeñas poblaciones. Y ni rastro de los miles de metros cuadrados emplazados en suelos urbanizables cuyo desarrollo se antoja inviable.
Entre las ofertas en la Comunidad de Madrid, Solvia-Sabadell mantiene un año después los mismos precios, entre 368.000 y 459.000 euros, por parcelas destinadas a unifamiliares en La Pinada de Pozuelo, y ofrece, cerca de la plaza de Castilla, un solar de 142 metros por 700.000 euros. El BBVA, por su parte, eleva a 1,35 millones el precio de una parcela de 250 metros, próxima al parque del Conde de Orgaz, y pide 75.000 euros por terrenos de 500 metros para chalés en Aldea del Fresno. Bankia tampoco, a través de su nuevo portal hogares.es tampoco alardea de oferta. Se reduce a unas parcelas industriales en Arroyomolinos y sendos solares en Morata de Tajuña y Robledo de Chavela.
Todo puede cambiar dentro de tres meses. Dependerá de la decisión que se tome respecto a la moratoria vigente para no fijar el valor de los suelos, mucho más bajo del contabilizado en libros, incluso con las provisiones realizadas. En la anterior ocasión, el 9 de abril de 2010, un Real Decreto-ley del Gobierno salvó a la banca y a los promotores de tener que declarar ese precio real y, antes de que acabe este año el nuevo Ejecutivo nombrado tras las elecciones generales del 20-N deberá, con carácter de urgencia y en su primera reunión, hacer lo propio.
De no hacerlo “supondría un rejonazo brutal para el sistema financiero y muchas entidades se irían al garete”, comenta Carlos Martínez Jarabo, consejero delegado de la consultora Admentum, quien cree que se procederá a ampliar la moratoria para no tener que valorar los suelos rústicos y urbanizables a precios de mercado. Si no, el 1 de enero de 2012, y de acuerdo con la vigente Ley de Suelo de 2007, esos terrenos deberán ser valorados a los actuales precios de mercado.
“Cabría la posibilidad de modificar la Ley o cambiar el sistema de valoración, pero no hay tiempo”, añade. Una tercera moratoria que permitirá a las entidades financieras mantener en sus balances suelos y terrenos con un valor irreal. “Los bancos no mienten, lo único que hacen es mantener un valor ficticio amparándose en la ley”, según Martínez Jarabo.
Con la moratoria se evitaría que buena parte de esos 60 millones de metros cuadrados acumulados por las entidades financieras tras ejecuciones hipotecarias, daciones de pago y otras operaciones derivadas de los acuerdos de refinanciación, y otros 135 millones de metros, todavía en manos de promotores y también financiados por bancos y cajas, se contabilicen a precio real de mercado.
Precio que no solo está ya lejos de los 145.000 millones en préstamos concedidos para comprar esos 200 millones de metros cuadrados, sino que también amenaza, a tenor de las previsiones que maneja el Banco de España, con bajar de los 100.000 millones en que hoy estarían valorados esos mismos activos tras provisiones realizadas para cubrir un 35% de minusvalías.
En una presentación realizada la pasada semana en Londres por José María Roldán, director general de Regulación de la entidad supervisora, se ponía de manifiesto que hasta el pasado mes de junio los precios del suelo se habían ajustado, en términos reales, un 31,5% desde los máximos de 2007. Y se vaticinaban “mayores correcciones” hasta finales de 2012. De hasta el 65% se vislumbra la caída en el escenario más adverso, y de en torno al 45% si se vislumbra una mejora de la situación del mercado inmobiliario. En el peor de los casos, estaríamos hablando de asumir uans pérdidas de 80.000 millones por la devaluación de los terrenos.
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