En la Comunidad de Madrid, mediante una orden reguladora publicada en el BOCAM, se ha puesto en marcha una nueva tipología de vivienda dentro del Plan de Vivienda 2005/2008 (ver cuadro resumen), la Vivienda Protegida de Precio Limitado (VPPL), es decir, se han fijado las bases para que todos los promotores interesados puedan comenzar a construir este tipo de inmuebles que están orientados a las rentas medias y cuyo precio se sitúa, en el caso de Madrid capital, un 44 % más barata que una vivienda en el mercado libre.
Estos pisos están dirigidos a todos aquellos ciudadanos, sin límite de edad, cuya renta familiar se sitúe por debajo de 7,5 veces el indicador de renta IPREM (5.526 euros/año), es decir con ingresos inferiores a 41.445 euros anuales.
El objetivo, es llegar a las clases medias que demandan una vivienda pero que no pueden acceder a las de precio libre, por su elevado coste, ni tampoco a las de protección oficial, ya que sus ingresos están por encima de los límites fijados (5,5 veces el IPREM). Según cálculos del Gobierno regional, se incluyen el 93 por ciento de los hogares de la región.
La orden establece que estas viviendas de protección pública de precio limitado se podrán construir sobre suelo libre o terrenos destinados a la Vivienda de Precio Tasado (VPT) de más de 110 metros cuadrados, con lo que se elimina la obligación de tener que construir viviendas de mas de esta superficie.
Según la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, esto facilitará la salida al mercado de esta nueva modalidad de vivienda protegida ya que los promotores podrán responder a una demanda 'no atendida hasta ahora por las limitaciones normativas'.
Por lo tanto, todos los promotores interesados pueden solicitar ya la calificación para levantar este tipo de inmuebles. El Ejecutivo autonómico ha sacado adelante el proyecto con la intención de que sea el sector privado quien lidere la construcción de este modelo residencial. El Plan de Vivienda regional prevé sacar al mercado 8.000 pisos protegidos de este tipo, aunque los primeros cálculos de la Consejería estiman que dicha cifra «puede incrementarse sensiblemente».
