La alternativa del sector privado a la Sociedad Pública de Alquiler.
Fecha martes, 21 de febrero de 2006
Tema Empresas Inmobiliarias


Más de 500 inmobiliarias españolas se han registrado en el Plan Nacional de Alquiler Garantizado (PNAG) con el fin de protegerse mediante pactos de arbitraje de inquilinos morosos y eximirse de largos procesos legales para lograr su desalojo.

Más de un millar de nuevas franquicias -entre ellas Tecnocasa, Don Piso, Inmocasa, Look&Find, Era España, RE/MAX, Arsa y Expofinques- y agentes de la propiedad han solicitado su incorporación al programa.

Más de 12.000 propietarios de toda España, según el diario «Expansión», quienes han puesto en alquiler sus inmuebles a través del PNAG, una iniciativa privada desarrollada específicamente por la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, organismo arbitral con funciones de interés público y competencias en todo el territorio español encargado de gestionarlo.

El arrendador y el arrendatario se comprometen a no emplear la vía judicial para solucionar cualquier contencioso, recurriendo al arbitraje mediante la firma de unas garantías (con un coste de 42 euros), que acompañan al contrato de alquiler, y aseguran a los propietarios el pago de la renta y de los gastos por servicios o suministros, así como de los daños producidos por un mal uso del inmueble, y la recuperación inmediata del piso si se incumple el contrato. Un sistema para evitar los largos procesos legales para lograr desahuciar a los inquilinos morosos, útil para que los contratos de arrendamiento se cumplan de forma inmediata y se eliminen todos los costes de tener que ir a juicio, sin la necesitad de contratar un abogado o procurador.

Este laudo contribuirá a reducir la litigiosidad, pero no la evita porque no cabe la renuncia de las partes al derecho constitucional a acudir a los tribunales en la defensa de sus intereses. No obstante, los dictámenes de los árbitros constituyen una prueba más en cualquier eventual proceso judicial.







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