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La potestad de la Administración de comprobar los valores de transmisión

La transmisión de inmuebles, en gran número de ocasiones, y como consecuencia de una discrepancia surgida con la Administración por lo que se refiere al valor de transmisión declarado en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, suele llevar aparejada una notificación por parte de la Hacienda Pública, en la que se eleva el citado valor declarado y con ello, la cuota tributaria a pagar.

Esta situación se da muy frecuentemente en aquellas transmisiones gravadas por el tributo citado, es decir, siempre que se trate de segunda o ulterior transmisión, pues en caso contrario (primera transmisión o renuncia a la exención) la operación estará gravada por el I.V.A, impuesto en el que no hay comprobación de valores.

La razón de esta discrepancia está, en que la base imponible sobre la que se aplicará el tipo impositivo (el 7 % en caso de la Comunidad de Madrid), es en virtud de lo establecido en el art. 10.1 del Texto Refundido “el valor del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda”. De esta forma, cuanto menor fuera el valor declarado en el I.T.P. por el sujeto pasivo, menor sería la base imponible, y en consecuencia, menor también, la cuota tributaria que se debe ingresar en la Hacienda Pública, situación que puede tentar a aquellas personas que persigan un ahorro fiscal significativo.

No obstante lo anterior, dispone el art. 46.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como el art. 91.1 de su Reglamento que “La Administración podrá, en todo caso, comprobar el valor real de los bienes y derechos transmitidos ...... La comprobación se llevará a cabo por los medios establecidos en el art. 52 de la Ley General Tributaria”.

De los medios relacionados en el art. 52 de la Ley General Tributaria, cabe mencionar el apartado d) que se refiere la Dictamen de peritos de la Administración. Este dictamen (valoración del bien efectuada por un técnico), debe practicarse por funcionario competente que además deberá ostentar título suficiente y adecuado a la naturaleza del bien. Así por ejemplo, deberá ser un arquitecto si se trata de bienes de naturaleza urbana, o un ingeniero agrónomo en el caso de bienes de naturaleza rústica.

La comprobación de valores, de la que derivará una liquidación tributaria, conforme a lo dispuesto en el art. 124.1.a) de la Ley General Tributaria se debe notificar a los sujetos pasivos “con expresión de los elementos esenciales de aquellas. Cuando supongan un aumento de la base imponible respecto de la declarada por el interesado, la notificación deberá expresar de forma concreta los hechos y elementos que la motivan.”

Es precisamente en este punto donde la Administración comete mayores errores, pues muchas de sus comprobaciones de valor, se realizan con total y absoluta falta de motivación, es decir, no explica (motiva) los argumentos que le ha llevado a inadmitir la declaración efectuada por el sujeto pasivo, aumentando considerablemente la base imponible y lógicamente, la cuota a pagar. A este respecto ha declarado el propio Tribunal Supremo, que la ausencia de motivación, siquiera sea sucinta, debe entenderse como un vicio procesal susceptible de acarrear la nulidad de actuaciones posteriores y por tanto, de la liquidación girada como consecuencia de la nueva base notificada, en cuanto produce indefensión al contribuyente a quien, al desconocer los motivos del aumento de la base, se le priva de la posibilidad de defenderse.

En este sentido establece el art. 13.2 de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes (Ley 1/1998) el deber de motivar los actos de gestión tributaria. La motivación consiste en la exigencia de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto. Como señala el Profesor J. GONZÁLEZ PÉREZ, “la motivación constituye un requisito formal del acto administrativo”. En definitiva, la valoración efectuada por el perito tiene que estar suficientemente motivada, esto es, debidamente razonada y fundada, para de esta suerte obtener un valor ajustado a la realidad, y no basada en el mero capricho o decisión subjetiva del funcionario encargado de valorar.

La notificación no debe contener sólo un guarismo que refleje el resultado obtenido, sino también los elementos de juicio y cálculo que hayan sido tenidos en cuenta para llegar al resultado final, siendo necesario conocer los datos considerados por el perito de la Administración, tales como precios de mercado, antigüedad del bien, estado de conservación, si se trata de una zona comercial, si es interior o exterior, entre otros factores que influyen en la adecuada valoración de un inmueble.

La apreciación correcta de estos datos es muy importante, ya que existen coeficientes correctores (oscilan entre 0 y 1) dictados por la propia Administración, que se aplican en función de la antigüedad del bien, si el estado de conservación del mismo es acorde con su antigüedad, etc. Estos coeficientes correctores se multiplican por el valor de mercado del bien, por tanto, cuanto menor sea el coeficiente corrector, es decir, cuanto más se acerque a 0, menor será el valor real o de mercado del bien. Ciertamente es en este punto, donde la Administración más se equivoca, estableciendo antigüedades inferiores a las reales, más metros cuadrados de los que verdaderamente tiene, arrojando, lógicamente, cuotas tributarias superiores a las que corresponden.

La explicación de esta situación y de los errores cometidos, es sencilla aunque no por ello admisible. La Administración debe valorar numerosas transacciones inmobiliarias y no disponen de suficientes medios materiales ni personales para hacerlo (no olvidemos que debe hacerlo personal cualificado, arquitecto o ingeniero, según el bien). Esto conlleva, que gracias a los errores cometidos por la Administración en su comprobación de valores, los mismos (los errores), incidan directamente en el derecho de defensa que ostentan los contribuyentes, al convertirse la absoluta falta de motivación, la equivocación en los metros cuadrados del inmueble, el error en la antigüedad, en motivos sólidos de recurso y con grandes esperanzas de triunfo, posiblemente incluso, en los propios Tribunales Económico-Administrativos.

Esto nos lleva a determinar si la anulación de la comprobación de valores efectuada por los tribunales, permite a la Administración realizar otra comprobación de valores ajustada a derecho. Pues bien, este problema lo resuelve de manera contundente el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, al estimar que una vez anulada una comprobación de valores realizada por la Administración por falta de motivación, sólo cabe la retroacción de las actuaciones a dicho momento procedimental cuando la parte lo solicita expresamente, debiendo estarse en los demás casos a la valoración efectuada por el contribuyente en su autoliquidación.

Igualmente, el propio T.S.J. de Valencia, establece que la Administración no mantiene indefinidamente la posibilidad de revisar sus actos contrarios a Derecho hasta que acierte, pues en cumplimiento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución) debe ajustar su actuación al art. 103.1 de la Constitución Española.

Asimismo, según la doctrina mantenida por el TSJ de Cataluña, en Sentencia de 10 de julio de 1.997, en los casos de comprobaciones de valores declaradas nulas por falta de motivación, la notificación de la comprobación de valores declaradas y las posteriores actuaciones del sujeto pasivo tendentes a la impugnación y declaración de nulidad de dicha comprobación de valores no interrumpen el cómputo del plazo de prescripción. En similares términos se manifiesta el TSJ de Andalucía en Sentencia de 2 de diciembre de 1.997.

No quisiera terminar estas líneas sin hacer mención, siquiera sea someramente, a la posibilidad de recurrir las comprobaciones de valor sin tener que prestar aval para obtener la suspensión del acto administrativo impugnado (regla general a la hora de recurrir un acto tributario), mediante la reserva del derecho a promover Tasación Pericial Contradictoria (art. 120 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados).

La Tasación Pericial Contradictoria, es el medio más adecuado para contradecir el resultado del expediente de comprobación de valores. El plazo para solicitarla, en virtud de lo establecido en los arts. 47 del T.R. y 120.1 del Reglamento, es el de la primera reclamación que proceda contra la liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados administrativamente. Dicha tasación consiste en el nombramiento por parte del sujeto pasivo de un perito que deberá tener título adecuado a la naturaleza de los bienes y derechos a valorar. Si la tasación del perito de la Administración no excede en más del 10 % y no es superior en 120.202,42 euros a la realizada por el interesado, servirá de base el valor resultante de ésta, si fuese mayor que el declarado, o este valor en caso contrario.

Por el contrario, si la tasación del perito de la Administración excede de los límites indicados, se procederá a designar por sorteo público un perito tercero de entre los colegiados o asociados, para que en el plazo de 15 días proceda a confirmar alguna de ellas o realice una nueva valoración, que será definitiva.

>>>> Artículo publicado en la revista Realty News! n°4 - noviembre de 2003

Agregado: January 22nd 2004
Moderador: Tomás Rubio
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Lenguaje: spanish

  

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La potestad de la Administración de comprobar los valores de transmisión
Enviado por Invitado el 2005-06-13 23:29:59
Mi Puntuación:


bueno

La potestad de la Administración de comprobar los valores de transmisión
Enviado por Invitado el 2005-05-11 17:31:52
Mi Puntuación:


me gustaría conocer con mas detalle, cuales son los argumentos por los cuales las operaciones sujetas a iva, no son susceptibles de comprobación de valores


  


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